OPINIÓN | De obligatoria a voluntaria, la transformación de la transparencia en México

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 10 de diciembre de 2024.

Ixchel Guzmán

El Pleno del INAI en la emisión de su posicionamiento respecto a la desaparición de este Instituto. 20 de noviembre de 2024

Hace una semana que el Senado de la República declaró aprobado el decreto que reformó la Constitución Política de México para extinguir la existencia de siete órganos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI).

Las funciones que realizaba el INAI, serán absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, el órgano de control y disciplina del Poder Judicial, y los Órganos Internos de Control en el caso del legislativo y órganos autónomos. Esta estructura debería ser replicada en las entidades federativas, dice el dictamen.

Lo que no contempla esta modificación constitucional, es el papel coordinador de la política en materia de transparencia y protección de datos personales que realizaba el INAI. Porque, aunque la ley exprese claramente las obligaciones gubernamentales en ambos rubros, la implementación de éstas requiere de la operación de herramientas y planes que demandan acciones de diseño, monitoreo y evaluación.

Por otro lado, el INAI también fungía como órgano resolutor de recursos de revisión a los que la ciudadanía tiene derecho a acceder cuando las respuestas de las instituciones gubernamentales (sujetos obligados) no satisfacen sus solicitudes de información pública; así como de inconformidades respecto del actuar de los órganos garantes de transparencia de cada entidad federativa.

¿Cómo lograrán, la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control, sin el aumento de personal, sostener la coordinación del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política en materia de transparencia y protección de datos personales?

Por otro lado, ante la disolución de un pleno que tomaba las decisiones frente a las inconformidades ciudadanas a las resistencias gubernamentales en la entrega de información pública ¿quién, o quiénes, tomarán las decisiones? ¿cuáles serán los criterios de sus determinaciones? ¿cuál será el alcance de estas determinaciones, toda vez que se presupone el respeto a la autonomía de los poderes y a la soberanía de los estados de la República?

Los argumentos que repitieron sin cansancio los legisladores de Morena y afines, fueron los mismos desde hace meses: gasto excesivo en una burocracia dorada que duplica funciones. Gasto equivalente a más de cinco millones de Pensiones Bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, según lo otorgado de 2018 a 2024 a estos siete órganos autónomos, según lo expuesto en los motivos del dictamen aprobado.

Estas líneas no pretenden ser un golpe de pecho más en el nombre de la democracia y sus instituciones porque, desde la perspectiva de sus teóricos, está claro que vivir en un Estado democrático debería significar la corrección de las desigualdades sociales. Y en un país en el que el 54% de la economía es informal, es decir, que más de la mitad de las personas que trabajan no cuentan con la garantía de sus derechos laborales, como un fondo de ahorro para el retiro, resulta contradictorio ir en contra de la necesidad de sostener un programa de pensiones que otorga a una población vulnerada la posibilidad de reducir su incertidumbre económica.

Este ejercicio de escritura es una lista de dudas que buscan enfocar la atención en asuntos que la reforma ha dejado en vilo y a los que, tanto la legislatura federal como los congresos locales, deberían poner especial atención para evitar que la alquimia cuatroteísta transforme la transparencia: de obligatoria, a voluntaria.