“No al basurero en zona urbana”

Ante decisiones estatales con tintes despóticos, es fundamental reflexionar sobre los discursos que reproducimos en nuestras luchas.

Protestas del 14 de enero de 2025, en Av. Símbolos Patrios.

Desde octubre de 2022, cuando los habitantes de Zaachila lograron el cierre del basurero a cielo abierto que funcionó en ese municipio durante 42 años, que el destino de los desechos sólidos que genera la ciudad de Oaxaca y sus municipios aledaños es azaroso, bien pueden terminar en la calle, en el camellón, en las riberas del río Salado, o en otro estado del país.

Después de más de dos años, el gobierno estatal inició las obras para la construcción del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos, en los límites de los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, del que luego de cierto tratamiento serán movidos al Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos, en San Pedro Totolápam.

Los vecinos de Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal se oponen a la instalación del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos: entre sus argumentos está la carencia de información sobre los impactos ambientales que puede tener un proyecto de este tipo, ya que, además de las conferencias de prensa estatales, no existe información certera sobre las características del centro de transferencia de residuos.

A decir verdad, la opacidad que acusan los habitantes de ambos municipios puede traducirse como una violación del gobierno oaxaqueño a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. Sus artículos 33 y 108 ordenan que la construcción de los sistemas de manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, requieren una manifestación de impacto ambiental y una licencia ambiental integral; ambas otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, quien, a solicitud de cualquier persona de las comunidades involucradas, debe hacer público el expediente generado para dicho proyecto, a través de una consulta pública.

El asunto de las oposiciones sociales a los megaproyectos de infraestructura ha sido estudiado ampliamente desde la academia, y aunque existen distintos enfoques que abordan el fenómeno, un elemento que permanece en la explicación de estas resistencias es la incertidumbre que causa a las personas, la carencia de información sobre los impactos ambientales que este tipo de obras acarrearán al territorio en el que se asienten.

No resultan sorpresivas las protestas que han acontecido en las últimas semanas, sin embargo, hay cierto lenguaje que no pasa desapercibido: “No al basurero en zona urbana”, “No al Centro de Transferencia de residuos sólidos en esta área”, dicen algunas de las pancartas de personas que se manifiestan.

¿El razonamiento de quienes se oponen es “aquí no, porque es mi casa, afuera: donde quieras”?. En este escenario, el foco del problema se aleja de la política pública de gestión de desechos, para fijarse en el impacto individual que tiene una decisión estatal. Es decir, deja de ser una preocupación por la salud de todos y pone en competencia el derecho de las personas involucradas en el problema.

Esta aproximación resulta peligrosa porque desactiva la posibilidad de articulación social alrededor de la exigencia al Estado de una gestión adecuada y segura de los residuos de la ciudad, para volcarnos sobre una confrontación entorno al bienestar individual.

Ante decisiones estatales con tintes despóticos, es fundamental que quienes habitamos los territorios reflexionemos sobre los discursos que reproducimos en nuestras luchas, la resistencia viene de la organización y ésta solo se concreta cuando hay elementos en común. Lo común es la vida, y todas las vidas son igual de valiosas, resistamos desde esa premisa.